Con las solemnes memeces que ha soltado Pedro Sánchez estos tres días en el Congreso de los Diputados se podría hacer un libro, pero me voy a quedar solo con un detalle.
Cuando replicó timorato a los proetarras de Bildu, que el PSOE es el único partido en activo de los que diseñaron la Constitución española de 1978.
Podía haberse remontado un poco, añadiendo que también es el único partido que hunde sus raíces en el espanto de la Guerra Civil de 1936.
Justo hoy se cumplen 86 años y un día de la madrugada aciaga en que milicianos socialistas y guardaespaldas del ministro Indalecio Prieto, gerifalte del PSOE, asesinaron de dos balazos en la nuca a José Calvo Sotelo, el líder más carismático de la oposición al Gobierno izquierdista de la II República.
Y han pasado exactamente 83 años, 3 meses, y 12 días desde que los ‘nacionales’ de Franco entraron en Madrid y se clausuró la última de las 345 checas, donde los ‘rojos’ llevaban tres años torturando y asesinando gente.
De esas 345 checas, más de medio centenar las gestionó directamente el PSOE.
¿Por qué les cuento esto?
Primero porque me da la gana. Segundo, porque hay muchas probabilidades de que, si no lo hago ahora, dentro de unos meses sea imposible.
Con la mal llamada Ley de Memoria Democrática, que ha llevado Sánchez al Congreso de la mano de los proetarras de Bildu, publicar que la Agrupación Socialista Madrileña tiraba del censo electoral para ejecutar curas, monaguillos y gente de misa en sus mazmorras del número 103 de la calle Fuencarral y enterraba en una fosa común de Boadilla, nos acarrearía una multa y probablemente el cierre de Periodista Digital.
Me preocupa el asalto al Tribunal Constitucional que realiza Sánchez, porque lo hace para no ser perseguido en el futuro por sus tropelías.
También me irrita el peronismo del Gobierno socialcomunista, pero me indigna sobre todo la ‘Ley Bildu’.
Hay algo patético en ese intento de ganar la Guerra del 36 casi un siglo después de concluida, pero además de ridículo es peligroso.
Un texto legal tan sectario lesiona el derecho de los ciudadanos españoles a tener su propia memoria individual.
